A las 6 de la mañana del viernes y sin previo aviso, las familias de la cooperativa “19 de enero, La esperanza” se encontraron con cientos de policías apostados frente al precario barrio de madera que armaron, con la idea de trasformar ese descampado en un barrio de viviendas dignas. Así fue que se organizaron y empezaron las tratativas con el Instituto de Vivienda, dueño del inmueble, para poder ocupar el terreno y edificar allí legalmente a partir de un crédito. Todo iba bien, o al menos eso parecía. El Instituto de Vivienda les pedía planos, censos y otros requerimientos. No obstante, desde el Municipio de La Matanza se impulsó el desalojo, y contó para ello con el aval del Instituto.
Bernardo Corrales cuenta la historia desde Plaza de Mayo. A la intemperie, igual que todo el fin de semana, se encuentran hombres, mujeres y niños, que hoy lunes no pudieron ir a la escuela. Esperan conseguir una audiencia con Macri, o con algún funcionario que les dé alguna respuesta.
“Hace un año y medio que tomamos pacíficamente el predio, por una cuestión de necesidad. La problemática de la vivienda es enorme y cuesta entender que el gobierno no se haga cargo más que para desalojar”, dice Bernardo. “Primero formamos una Asociación Civil, y después una Cooperativa de Vivienda. Los trámites iban bastante avanzados; estábamos haciendo presentaciones formales en el Instituto de Vivienda ante Víctor Colombano, que era uno de los directores y que ahora ocupa un puesto de gerente. El Ministro de Desarrollo Social de la Ciudad nos había derivado con él”, continúa Corrales.
Desde el Instituto de Vivienda se comprometieron a que no iba a haber desalojo y a trabajar en conjunto. Aunque no quisieron darles un permiso por escrito, consintieron en que se queden y recibieron los avances del proyecto edilicio.
“Existen distintos intereses en esto. Hay una constructora que ya tiene vendidos lotes de una obra que quiere hacer en el predio, que todavía no empezó por supuesto. Se pusieron el nombre Cooperativa Siglo XXI, hace unos meses quisieron echarnos y pusieron su cartel de venta de departamentos. Otras veces quisieron prender fuego nuestras casas, ayudados por la Policía Bonaerense”, se indigna Bernardo.
El Municipio de La Matanza es también un actor interesado en sacar a las familias del terreno. La fiscal que entiende en la causa, Dra. Susana Cañas, ha hecho caso omiso de la defensa de los vecinos y llegó a amenazar a los que quisieron ir a hablar con ella, incluyendo al cónsul de Bolivia, que tomó cartas en el asunto en tanto muchas de las familias del asentamiento son inmigrantes de ese país.
El operativo del viernes duró 10 horas debido a la resistencia de las familias. Los policías empezaron a quemar las casas y las topadoras, a acabar con todo lo que quedara en pie. “Fue una tristeza total”, resume Corrales.
Los vecinos del barrio se acercaron a insultar y a agredir a los desalojados, lo que sumó tensión a una jornada por demás violenta. La situación de discriminación no mejoró en los paradores del Gobierno de la Ciudad y en los centros de evacuados adonde fueron trasladadas varias de las familias.
Mientras en el Instituto de Vivienda no atienden el teléfono, el cónsul general de Bolivia, José Alberto Gonzáles, trata de gestionar un contacto con el Fiscal General de la Nación y con las máximas autoridades del Gobierno Porteño. Y lo más importante: las familias no se resignan a perder “La Esperanza” y siguen organizadas para continuar la lucha.
Prensa Los Bajitos.
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