Cooperativas de vivienda denuncian el congelamiento del programa de vivienda social en el G.C.B.A.

Conversamos con César Maidana, presidente de la Cooperativa de la Asamblea Popular de Plaza Congreso, desde el acampe que se realiza en la puerta del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), en Pellegrini al 200.

- ¿Podría comentar qué es lo que viene pasando con la gestión de Macri, que derivó en esta situación de acampe frente al IVC?
- En principio, desde que asumió Macri, lo que tenemos en forma continua es la renovación de las autoridades en el Instituto. En estos momentos nos estamos enterando por un vox populi que el actual presidente, Roberto Apelbaum, ha renunciado ayer. No hay confirmación oficial de esto. De todas maneras, se sumaría a la cantidad de funcionarios con los que hemos hablado por una respuesta, y que luego ya no está más en el Instituto. Esta situación habla de la poca claridad en la elección de los funcionarios. A lo que le sumamos la incorporación de personas en el Directorio y la Gerencia que no tienen nada que ver con la vivienda, como árbitros de fútbol o intermediarios de compra y venta de jugadores de Boca.

- Apelbaum hizo una presentación en la Legislatura donde dijo que el presupuesto del IVC iba a estar direccionado a créditos para familias que llamó de clase media y media baja, con ingresos de 2500 a 4500 pesos, ¿Qué esta significando esto para las cooperativas de vivienda?
- Nosotros estuvimos en esa interpelación que le hizo la Legislatura y lo que dijeron fue bochornoso. Quedó claro que él desconoce la ley y la actividad del Instituto. Si ellos parten de la idea de entregar créditos a las familias que ganen entre 2500 y 4500 pesos, están desconociendo que eso lo logras en cualquier banco. A las villas y asentamientos se lo derivan a Corporación del Sur. Esto quiere decir que los que no estamos viviendo en villas y que no llegamos a ganar los valores que ellos indican, no existimos para este gobierno.
La falta de presupuesto que alegan, en la ciudad más rica del país y con el segundo presupuesto de la Nación, es una falacia. Están dedicando los fondos a otras actividades. Y aparte declaran en la Legislatura que en el primer trimestre que venció en marzo, no han gastado ni el 2% del presupuesto de todo el año.

- Esta falta de presupuesto para todas las cooperativas y la ola de desalojos de todos los días está mostrando una política de expulsión de los pobres de la ciudad, ¿qué piensan de esto?
- Nosotros lo rechazamos totalmente. Hemos organizado nuestras familias en cooperativas en esta ciudad, construimos esta ciudad, nuestros hijos se educan en esta ciudad, trabajamos en esta ciudad. No nos vamos a ir. La ola de desalojos, en complicidad con el gobierno y con la legislatura, que podría legislar para atenuar esta situación, nos convoca cada vez más a que rechacemos esa política. Sabemos que su política es la expulsión de la ciudad de los trabajadores y nos vamos a negar. Por eso estamos hoy en la calle, en la segunda semana de acampe, juntando las firmas necesarias para que el Gobierno empiece a darse cuenta que son miles los vecinos que apoyan las necesidades de las cooperativas de vivienda, que empezaron allá por el año 2000 y que año a año vemos como asciende la incorporación de cooperativas al programa de la ley, y vemos cómo año a año van descendiendo el presupuesto.

- ¿Qué puede contar de la Ley 341 hasta la gestión del actual gobierno?
- La ley fue impulsada por las organizaciones sociales y le fue arrancada a la Legislatura en el año 2000. Es una ley que es perfectible, pero en este momento sufre la segunda modificación con la reglamentación que hace el Instituto, que desvía el espíritu y la intencionalidad de los que la votaron, para llevar todo a una sola relación: que el Instituto compra los terrenos y entonces las cooperativas no pueden hacer nada más que mirarlo de afuera. Nos impiden el ingreso, ellos no pagan los impuestos, no habilitan los servicios, y cuando las cooperativas intentan hacerlo están impedidos porque no tienen el título de propiedad, que está en manos del IVC.
En el transcurso de los 8 años de la existencia de esta ley hubo 4 obras que terminaron con un total de 350 viviendas. Si se hace la cuenta, no llega ni a 70 viviendas anuales. Se demuestra la miseria de los gobiernos que han pasado por acá desde el año 2000 a la fecha. En este momento es peor todavía porque el gobierno de Macri directamente dice que no tiene presupuesto. Dice que el presupuesto que tienen lo aprobó la Legislatura, pero en la Legislatura ellos tienen mayoría, así que es mentira que no puedan modificar eso. La realidad es que no bajan fondos ni para comprar terrenos, ni para empezar a construir las obras, ni para terminar las que están empezadas.

- Entonces, Macri pretendería anular el programa de la Ley 341 tal como vino funcionando hasta ahora.
- Ésta es la única ley en todo el país que posibilita a las organizaciones sociales conseguir créditos para construir viviendas. Lo que ellos saben manejar muy bien es dar licitación a empresas amigas o socias de ellos mismos para que construyan unas viviendas que dentro de 10 años hay que reparar a nuevo. Nosotros construimos a mucho menos valor, a mucha mejor calidad, con todo nuestro esfuerzo, cariño y ganas de hacer nuestra propia vivienda.

- La creación de la Comisión de Control Evaluación y Seguimiento (CCES) que fue el año pasado generó una articulación entre las cooperativas, ¿cómo está funcionando ahora que el gobierno está intentando hacerla desaparecer?
- Desde el año 2000, la ley indicaba la creación de una comisión de control y seguimiento, pero nunca se hizo porque las autoridades temieron siempre que los destinatarios finales de los beneficios de esa ley tomen en sus manos la responsabilidad de controlar. A pesar de eso, en septiembre de 2007 conseguimos incorporarnos a una mesa de control y hoy son casi un centenar de cooperativas las que están participando. Últimamente el gobierno ha rechazado toda posibilidad de continuar con este mecanismo, lo que hace que no tengamos interlocutores.

- ¿Cuál sería el balance de esas dos semanas de acampe con las cooperativas unidas en este reclamo?
- El balance que podemos hacer es muy exitoso porque estamos juntando ya cerca de las 8000 firmas que necesitamos para que se replantee en la Legislatura el presupuesto de la Ley 341. Hemos recibido una gran aceptación de la gente que circula, que contribuyó con su firma. Los comentarios de esa gente muchas veces han sido: “Si es contra Macri, yo firmo”, sin importarle casi el tema. Se pudo mantener gracias al esfuerzo de todos los compañeros de las cooperativas que tenemos muy firme la creencia de que si esto no lo solucionamos nosotros, no lo va a solucionar nadie.

80 familias en la calle y sin respuestas.

El viernes 16 de mayo, 500 efectivos de la Policía Bonaerense y de la Policía Federal desalojaron violentamente a las 80 familias que estaban asentadas en un predio cercano al Autódromo de Buenos Aires. Aquí, una crónica de maltrato, discriminación y de voluntad por seguir luchando.

A las 6 de la mañana del viernes y sin previo aviso, las familias de la cooperativa “19 de enero, La esperanza” se encontraron con cientos de policías apostados frente al precario barrio de madera que armaron, con la idea de trasformar ese descampado en un barrio de viviendas dignas. Así fue que se organizaron y empezaron las tratativas con el Instituto de Vivienda, dueño del inmueble, para poder ocupar el terreno y edificar allí legalmente a partir de un crédito. Todo iba bien, o al menos eso parecía. El Instituto de Vivienda les pedía planos, censos y otros requerimientos. No obstante, desde el Municipio de La Matanza se impulsó el desalojo, y contó para ello con el aval del Instituto.
Bernardo Corrales cuenta la historia desde Plaza de Mayo. A la intemperie, igual que todo el fin de semana, se encuentran hombres, mujeres y niños, que hoy lunes no pudieron ir a la escuela. Esperan conseguir una audiencia con Macri, o con algún funcionario que les dé alguna respuesta.
“Hace un año y medio que tomamos pacíficamente el predio, por una cuestión de necesidad. La problemática de la vivienda es enorme y cuesta entender que el gobierno no se haga cargo más que para desalojar”, dice Bernardo. “Primero formamos una Asociación Civil, y después una Cooperativa de Vivienda. Los trámites iban bastante avanzados; estábamos haciendo presentaciones formales en el Instituto de Vivienda ante Víctor Colombano, que era uno de los directores y que ahora ocupa un puesto de gerente. El Ministro de Desarrollo Social de la Ciudad nos había derivado con él”, continúa Corrales.
Desde el Instituto de Vivienda se comprometieron a que no iba a haber desalojo y a trabajar en conjunto. Aunque no quisieron darles un permiso por escrito, consintieron en que se queden y recibieron los avances del proyecto edilicio.
“Existen distintos intereses en esto. Hay una constructora que ya tiene vendidos lotes de una obra que quiere hacer en el predio, que todavía no empezó por supuesto. Se pusieron el nombre Cooperativa Siglo XXI, hace unos meses quisieron echarnos y pusieron su cartel de venta de departamentos. Otras veces quisieron prender fuego nuestras casas, ayudados por la Policía Bonaerense”, se indigna Bernardo.
El Municipio de La Matanza es también un actor interesado en sacar a las familias del terreno. La fiscal que entiende en la causa, Dra. Susana Cañas, ha hecho caso omiso de la defensa de los vecinos y llegó a amenazar a los que quisieron ir a hablar con ella, incluyendo al cónsul de Bolivia, que tomó cartas en el asunto en tanto muchas de las familias del asentamiento son inmigrantes de ese país.
El operativo del viernes duró 10 horas debido a la resistencia de las familias. Los policías empezaron a quemar las casas y las topadoras, a acabar con todo lo que quedara en pie. “Fue una tristeza total”, resume Corrales.
Los vecinos del barrio se acercaron a insultar y a agredir a los desalojados, lo que sumó tensión a una jornada por demás violenta. La situación de discriminación no mejoró en los paradores del Gobierno de la Ciudad y en los centros de evacuados adonde fueron trasladadas varias de las familias.
Mientras en el Instituto de Vivienda no atienden el teléfono, el cónsul general de Bolivia, José Alberto Gonzáles, trata de gestionar un contacto con el Fiscal General de la Nación y con las máximas autoridades del Gobierno Porteño. Y lo más importante: las familias no se resignan a perder “La Esperanza” y siguen organizadas para continuar la lucha.

Prensa Los Bajitos.